BITÁCORA DE UN NÁUFRAGO INDIGNADO



Desde una isla casi desierta, un Robinson en el océano de la globalización. Atento/conectado/indignado veo pasar el mundo nada indiferente. Una verbena, un gran guiñol, un despropósito… Mas no puedo huir del sinsentido; estoy enganchado al destino de los demasiado humanos. Estoy condenado a pensar el mundo y verterlo en palabras y lanzarlo al mar en botellas de ceros y unos.



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sábado, 1 de diciembre de 2012

LOS CONSTITUCIONALISTAS INCUMPLEN LA CONSTITUCIÓN

          


El PP se ha convertido en el principal “garante” de una Constitución que aceptó a regañadientes la AP de 1978. ¿Pero realmente el Gobierno de Rajoy la asume? Repaso la Carta Magna y compruebo que, una vez más, los gobernantes –incluyo la socialdemocracia claudicante- nos están ofreciendo gato por liebre. Contrastemos sus artículos con las realidades actuales…. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se me ocurren incontables ejemplos de cómo en la práctica judicial los más poderosos y “protegidos” salen beneficiados… Si son condenados el Gobierno ejercerá su derecho de indulto (mossos d’esquadra acusados de tortura). Sigamos… “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El de ahora es injusto, poco progresivo y nada equitativo…. “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. ¿Cómo se compagina esto con las inservibles obras públicas o los carísimos eventos que nos han llevado a la ruina?

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Traducción al mundo real: casi seis millones de desempleados, salarios menguantes, contratos basura, provisionalidad laboral, abusos al amparo de la nueva Ley laboral…. “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco deuda política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”. España es uno de los países donde más ha avanzado la desigualdad, aumentándose esa brecha por las medidas de este ejecutivo “constitucionalista”. Sigamos con uno de los capítulos más bochornosos, el de los desahucios regidos por una “actualísima” ley de 1909. ¿Qué dice el espíritu de la Carta de 1978?: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación “. La última parte resulta especialmente sangrante cuando, gracias a la infausta Ley del Suelo del “constitucionalista” Aznar, se empezó a inflar la burbuja inmobiliaria más disparatada de Europa.

Corolario: estamos ante una usurpación de nuestro fuero fundamental. Su espíritu garantista y social ha sido secuestrado por los intereses de una oligarquía económica en connivencia con otra “minoría extractiva” que ocupa los poderes públicos. La crisis ha puesto en evidencia esta impostura, pues es la clase media y trabajadora quien paga los excesos y desafueros de esa oligarquía económico-financiera que hace y deshace a su gusto porque también controla indirectamente las administraciones. Los mecanismos de control, las instancias fiscalizadoras del sistema constitucional han fallado: el Tribunal de Cuentas (retiro dorado para dinosaurios del PPOE), el satelizado Banco de España, el decorativo Senado o una judicatura abducida que no responde a sus fines: “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

Hasta en el régimen señorial de la Edad Media ibérica el Rey era el garante de los derechos de sus “súbditos” a través del contrato de los fueros. Nuestra Constitución monárquica propicia ahora un régimen garantista de libertades que apuntan al bienestar social de todos los ciudadanos (que no súbditos). En su espíritu está implícito que todos los poderes públicos tienen que poner los medios para que esto se lleve a cabo. La realidad del 2012 es muy distinta. La clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo desde 1978 bajo el espíritu de la moderación salarial, el paro es abrumador, el poder de las oligarquías financieras creciente y un hecho la impunidad de los poderosos ante la justicia. La clase política ha devenido una “minoría extractiva” que, amparada en el pandominio de los grandes partidos, se encastilla en sus privilegios y aborta cualquier intento de reforma. El edificio político construido por miedo a la inestabilidad de la II República (listas cerradas, reforzamiento de las mayorías por la ley D’Hont, poder de los partidos, etc.) ha devenido un búnker dorado de la “clase senatorial”. Si esta tuviera un poco de vergüenza y fuera consecuente con el espíritu de la Constitución, implementaría los mecanismos necesarios para que ese “Matrix” de derechos se hiciera realidad. Empezarían cediendo el terreno de sus ventajismos, que ya no tienen sentido en una democracia consolidada. Y secuestrada, sí, por quienes ya hemos señalado. ¿O es que alguien se cree que Rajoy hace cumplir la Carta Magna? A la luz de lo expuesto, se demuestra que otros son sus amos; la Señora Merkel, al servicio de sus bancos que le dictan las normas para esta Europa de mercaderes. ¿Dónde han quedado los derechos ilusionantes de la Europa de los ciudadanos?... Como ha ocurrido con los de nuestra Ley de leyes, en el limbo de las buenas intenciones.

Se me ocurre una solución para “desfazer el entuerto” y el tongo rajoyano… Ya que nuestra Constitución prevé que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, propongo que se convoque una consulta ciudadana con una pregunta clarificadora: ¿Está usted de acuerdo con que los bancos nos gobiernen y gestionen nuestros derechos? Si sale que sí, que elaboren ellos una nueva Carta para ajustar los derechos teóricos a la realidad.


                       Jaime Miñana. Filósofo.
                                  http://ruinasdelnaufragio.blogspot.com.es


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